JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SX-JRC-300/2018

ACTOR: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TERCERO INTERESADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

MAGISTRADO PONENTE: ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

SECRETARIO: ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA

COLABORÓ: nADIA MONTANO BÁEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de septiembre de dos mil dieciocho[1].

Sentencia mediante la cual se resuelve el juicio de revisión constitucional electoral promovido por MORENA, a fin de impugnar la sentencia de veintinueve de agosto del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas al resolver el juicio de nulidad electoral identificado con la clave de expediente TEECH/JNE-M/022/2018 que, entre otras cuestiones, confirmó el cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México.

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dentro del juicio de nulidad electoral TEECH/JNE-M/022/2018 en atención a que los agravios expuestos por la parte actora resultaron infundados e inoperantes.

ANTECEDENTES

I. El contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

1.                 Inicio del proceso electoral local. El siete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas[2], llevó a cabo la sesión en la que declaró el inicio del proceso electoral 2017-2018.

2.                 Jornada electoral. El uno de julio tuvo verificativo la jornada electoral, para elegir, entre otros cargos, a las diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa que integrarán el Congreso del Estado de Chiapas, así como a los integrantes de los ayuntamientos, entre éstos, el de San Fernando, de la referida entidad federativa.

3.                 Sesión de cómputo distrital. El cuatro de julio posterior, el Consejo Municipal del Instituto Electoral local con cabecera en San Fernando, realizó el cómputo de la elección de dicho municipio, del que se obtuvieron los siguientes resultados:[3]

4.                 Declaración de validez de la elección de miembros del ayuntamiento de San Fernando. Con base en los datos plasmados en el cuadro que antecede, el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a los integrantes de la planilla postulada por el partido Verde Ecologista de México, encabezada por el candidato Juan Antonio Castillejos Castellanos.

5.                 Juicios de nulidad electoral local. El ocho de julio siguiente, el hoy actor, promovió juicio de nulidad electoral ante el Instituto Electoral local, a fin de impugnar el acta de cómputo municipal, la validez de la elección, así como la constancia de mayoría de la elección de miembros del ayuntamiento de San Fernando, Chiapas; dicho medio de impugnación fue remitido al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mismo que radicó bajo el número de expediente TEECH/JNE-M/022/2018.

6.                 Sentencia impugnada[4]. El veintinueve de agosto posterior, el Tribunal Electoral responsable resolvió el referido juicio de nulidad electoral, en el sentido de confirmar el cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento correspondiente al municipio de San Fernando, Chiapas; la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el partido Verde Ecologista de México.

II. Juicio de revisión constitucional electoral

7.                 Demanda. El dos de septiembre de dos mil dieciocho, el partido político MORENA por conducto de Carlos Alfredo Astudillo Pérez, en su calidad de representante propietario de dicho ente político ante el consejo municipal con cabecera en San Fernando, Chiapas, promovió juicio de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar la sentencia precisada en el punto anterior.

8.                 Recepción. El siete de septiembre posterior, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el escrito de demanda, el informe circunstanciado y demás constancias relativas al presente medio de impugnación.

9.                 Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar, registrar y turnar el expediente SX-JRC-300/2018 a la ponencia a cargo del Magistrado Enrique Figueroa Ávila, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

10.            Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó la demanda y, al considerar que no se actualizaba alguna causal notoria o manifiesta de improcedencia, admitió el presente medio de impugnación. Asimismo, al encontrarse debidamente sustanciado el juicio al rubro indicado y no existir diligencia pendiente por desahogar, mediante diverso proveído, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

11.            El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente asunto, al tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político a fin de impugnar una sentencia definitiva emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, relativa a la elección de integrantes del ayuntamiento de San Fernando, Chiapas; competencia que por materia y territorio le corresponde a este órgano jurisdiccional federal.

12.            Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b), 192, párrafo primero, y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso d), 4, apartado 1, 86, apartado 1, y 87, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

13.            Este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 7, 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se expone.

Generales

14.            Forma. Se tiene satisfecho este requisito, toda vez que la demanda se presentó ante la autoridad responsable, en ella se asienta el nombre y firma autógrafa del promovente, se identifica el acto impugnado, se mencionan los hechos materia de impugnación, además de expresarse los agravios pertinentes.

15.            Oportunidad. Se cumple con este requisito en cita, toda vez que el medio de impugnación se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General de Medios de Impugnación.

16.            Ello es así, debido a que la resolución controvertida fue emitida el pasado veintinueve de agosto y se notificó de manera personal a la persona autorizada para el efecto por el partido actor en la misma fecha[5], por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de agosto al dos de septiembre del año en curso.

17.            De esta forma, si la demanda del juicio al rubro citado se presentó el dos de septiembre, resulta evidente que se presentó de forma oportuna.

18.            Legitimación y personería. Este requisito se encuentra satisfecho, en virtud de que el juicio es promovido por el partido MORENA, y quien suscribe la demanda se encuentra acreditado como representante propietario ante el consejo municipal con cabecera en San Fernando, del Instituto local, aunado a que la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, le reconoció el carácter con el que se ostenta[6].

19.            Interés jurídico. Se tiene por colmado dicho requisito, en razón de que el partido actor promovió el juicio local que motivó la resolución que ahora impugna, y al estimar que resulta contraria a Derecho porque en su estima lesiona su esfera jurídica, es que se tiene por cumplido dicho requisito.

20.            Definitiva y Firmeza. En el caso, se cumplen tales requisitos, debido a que, en términos de lo dispuesto en la normativa electoral local, contra la resolución impugnada no existe instancia que deba ser agotada previamente al juicio de revisión constitucional electoral.

21.            Además, el artículo 414 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece que las resoluciones que emita el Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables a nivel estatal.

Especiales

22.            Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se satisface dicho requisito, ya que debe entenderse en sentido formal; es decir, como un requisito de procedencia y no como el análisis previo de los agravios propuestos, con relación a una violación concreta de un precepto de la Constitución Federal; por ende, el requisito en estudio debe estimarse satisfecho, toda vez que el accionante aduce la violación a diversos principios constitucionales.

23.            Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2/97 de rubro: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA"[7], la cual refiere que es suficiente con que en la demanda se precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a evidenciar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de una indebida o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnada por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral.

24.            La violación reclamada pueda ser determinante para el resultado de la elección. De conformidad con el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral sólo procede para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumpla, entre otros requisitos, el que la violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, o el resultado final de las elecciones.

25.            El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que dicho requisito tiene como objetivo llevar al conocimiento del mencionado órgano jurisdiccional, sólo los asuntos de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de alterar o cambiar el curso del proceso electoral o el resultado final de la elección[8].

26.            En el presente caso, se encuentra acreditado el requisito, toda vez que la pretensión última del actor es que se revoque la resolución del Tribunal local y, en consecuencia, se declare la nulidad de la elección en el municipio de San Fernando, Chiapas, de ahí que, de acogerse la pretensión del actor, resultaría determinante para el resultado final de la elección de mérito.

27.            La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. En el caso, se cumple con el requisito contemplado en el artículo 86, apartado 1, incisos d) y e), de la Ley de la materia, consistente en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, lo que se surte en la especie, si se toma en cuenta que en el supuesto de que procediera la cuestión planteada por el partido inconforme, se cuenta con el tiempo suficiente para ser restituido de la violación reclamada.

28.            Esto es así, porque en el presente caso la toma de posesión de los integrantes de los ayuntamientos de Chiapas se llevará a cabo el primero de octubre de dos mil dieciocho.

TERCERO. Tercero interesado.

29.            En el presente asunto debe tenerse como tercero interesado al Partido Verde Ecologista de México[9], por conducto de su representante propietario Ildifonso López Avendaño.

30.            Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, apartado 1, inciso c), y 17, apartado 4, en relación con el 13, apartado 1, incisos a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; como se indica enseguida:

31.            Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre y firma autógrafa del compareciente y se formula la oposición de las pretensiones del partido actor mediante la exposición de argumentos.

32.            Oportunidad. El ocurso fue presentado dentro de las setenta y dos horas de la publicación del medio de impugnación, ya que el plazo respectivo transcurrió de las nueve horas con treinta minutos del tres de septiembre, a la misma hora del día seis siguiente.

33.            Por tanto, si el PVEM presentó su escrito de comparecencia a las nueve horas con siete minutos, del cinco de septiembre, resulta evidente que se encuentra dentro del plazo establecido en la ley.

34.            Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del tercero interesado, en virtud de que tiene un derecho incompatible al del partido actor, toda vez que su pretensión es que se confirme la sentencia recurrida y por consecuencia subsista el cómputo municipal, la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por dicho instituto político.

35.            Personería. Tal requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el tercero interesado comparece por conducto de su representante propietario debidamente acreditado ante el consejo municipal electoral con cabecera en San Fernando, del Instituto Electoral local.

36.            Así, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales de procedibilidad, y en virtud de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la legislación procesal aplicable, corresponde analizar el fondo de la Litis planteada.

CUARTO. Juicio de estricto derecho.

37.            Previo al análisis de fondo, resulta importante destacar que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

38.            Entre dichos principios destaca el hecho de que, en atención a lo previsto en el artículo 23, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los medios de impugnación como el que nos ocupa no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un juicio de estricto derecho, que impide a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando éstos no puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, imponiendo a esta Sala Regional el imperativo de resolver la controversia con sujeción estricta a los agravios expuestos por el justiciable.

39.            Como ha sostenido reiteradamente este órgano jurisdiccional, al admitir que la expresión de agravios se puede tener por formulada con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección del escrito de demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo jurídico o utilizando cualquier fórmula deductiva, inductiva o dialéctica, dado que el juicio de revisión constitucional electoral no está sujeto a un procedimiento o formulario solemne.

40.            Sin embargo, lo cierto es que, como requisito indispensable para tener por formulados los agravios, se exige la expresión clara de la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o sentencia impugnada, así como los motivos que originaron ese disenso.

41.            Esto, para que, con la argumentación expuesta por el promovente, enderezada a demostrar la ilegalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio y resolución, conforme a los preceptos jurídicos aplicables.

42.            De ahí que los motivos de disenso deben estar encaminados a desvirtuar todas y cada una de las consideraciones o razones, de hecho y de derecho, que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir su sentencia, esto es, el actor debe hacer patente que los argumentos en los que la autoridad enjuiciada sustentó el acto reclamado, conforme a los preceptos normativos que estimó aplicables, son contrarios a derecho, ya que en caso contrario resultarían inoperantes.[10]

43.            Por lo expuesto es que no se puede atender la solicitud del recurrente, en el sentido de que este órgano jurisdiccional examine el presente medio de impugnación supliendo la deficiencia de la queja para todos los efectos legales a que hubiere lugar, a fin de obtener una justicia pronta, completa e imparcial. 

QUINTO. Pretensión, temas de agravio y metodología.

44.            La pretensión de la parte actora es que esta Sala Regional revoque la sentencia emitida por el Tribunal Electoral local al resolver el juicio de nulidad electoral TEECH/JNE-M/022/2018 y en consecuencia, declare la nulidad de la elección de los integrantes del ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, por las razones que expone en su escrito recursal.

45.            Para sustentar lo anterior, el actor aduce violaciones sustanciales en materia constitucional y legal, acontecidas durante el desarrollo del proceso electoral municipal, y la jornada electoral; asimismo, refiere que el Tribunal Electoral local al pronunciarse respecto a la elección municipal que nos ocupa incurrió diversos agravios, los cuales corresponden a los temas siguientes:

46.            Tales disensos se analizarán en el orden propuesto por el actor.

SEXTO. Estudio de los agravios.

Marco normativo

47.            El principio de exhaustividad encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

48.            El acceso a la impartición de justicia consagrado en dicho numeral a favor de los gobernados se traduce, entre otras cosas, en que las autoridades deben otorgar una justicia completa, consistente en que quien conoce de un asunto emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre lo que ha solicitado.

49.            Sirve de criterio orientador de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”.[11]

50.            Para cumplir con esta exigencia constitucional, se impone a los tribunales la obligación de examinar las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento de manera acuciosa, detenida, profunda sin que escape lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos.

51.            Para ello, debe exponer las razones que tiene en la asunción del criterio, sin reservarse ninguna que sirva para adoptar una interpretación jurídica, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades.

52.            En este contexto, el tribunal de primera instancia se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la pretensión, como base para resolver lo solicitado.

53.            Si se trata de una resolución de primera o única instancia, para resolver sobre las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.

54.            Además de ello, ha sido criterio de este órgano jurisdiccional, en relación con el principio de exhaustividad, que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a estudiar todos los puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión.

55.            Por ende, se tiene que el principio de exhaustividad consiste en que la autoridad jurisdiccional debe realizar el examen de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguna, esto es, implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes y demás pretensiones hechas valer oportunamente.

56.            También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones.

57.            Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/2001 de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”.[12]

58.            Como se ve, el principio de exhaustividad, de manera general, se traduce en que el juez debe estudiar todos los planteamientos de las partes, así como las pruebas aportadas o que se alleguen al expediente legalmente.

I. Vulneración a los principios de exhaustividad y elegibilidad.

59.            Al respecto, el partido accionante manifiesta que la sentencia impugnada le causa una afectación, debido a que omitió entrar al estudio de fondo del expediente, y aplicar la suplencia de la queja.

60.            Lo anterior, en virtud de que el accionante considera que la suplencia corresponde a un examen preferente, conforme con lo previsto por los artículos 1, 8 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que atañe directamente a la procedibilidad del medio de impugnación.

61.            De igual manera, señala que el Tribunal responsable desestimó sus agravios en relación con la causal XI, del artículo 388 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al no considerar todas las irregularidades que expresó en dicho agravio.

62.            Además, refiere que la falta de exhaustividad, fundamentación y motivación tiene como consecuencia la violación a los principios de legalidad que todo acto de autoridad debe contener.

63.            En este tenor, también considera que, debido a las supuestas omisiones, el Tribunal Electoral local vulneró los principios de exhaustividad, elegibilidad, congruencia, así como los principios rectores de la función electoral; toda vez, que el órgano jurisdiccional local, tergiversó la Litis planteada, al advertirse que la responsable omitió analizar de oficio las causales de improcedencia que hacen nugatorio el derecho aludido en la instancia local. Circunstancias que, a consideración del inconforme, conllevan a que esta Sala Regional revoque la resolución controvertida.

64.            Ahora bien, a fin de analizar la supuesta falta de exhaustividad, fundamentación y motivación en la resolución combatida, esta Sala Regional efectuó la compulsa entre los disensos expuestos por el promovente en el juicio local, y lo resuelto por el Tribunal responsable. Los cuales se enlistan en el cuadro que se Inserta a continuación:

65.            En este tenor, el Tribunal Electoral responsable, concluyó su análisis en el sentido de confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de San Fernando, Chiapas, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el partido Verde Ecologista de México.

66.            Ahora bien, del análisis minucioso efectuado por esta autoridad durante la compulsa desarrollada en el cuadro que antecede, es evidente que el Tribunal responsable contestó todos los agravios expuestos por el hoy actor en la instancia local.

67.            Asimismo, se observa que incluyó en la sentencia, los fundamentos jurídicos, es decir, las normas legales aplicables a cada uno de los disensos, así como, los razonamientos lógico-jurídicos que sirvieron de sustento para la resolución de la Litis planteada.

68.            Por consiguiente, tampoco le asiste la razón al accionante, respecto a que el Tribunal Electoral local desestimó sus agravios encaminados a demostrar la nulidad de la votación recibida en casilla, contemplada por la causal XI, del artículo 388 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; ya que, de la lectura del escrito inicial de demanda presentado ante la instancia local por MORENA, se observa que dicho agravio no fue incluido por el accionante, por lo que, el Tribunal Electoral local no omitió su estudio al no haber sido materia de la Litis expuesta.

69.            Es por lo hasta aquí expuesto que se determina que resulta infundado dicho agravio.

70.            Por otra parte, lo concerniente a la supuesta vulneración a los principios de elegibilidad y congruencia, así como a los principios rectores de la función electoral señalada también por el accionante en el tópico que se analiza, resulta inoperante.

71.            Lo anterior, debido a lo genérico e impreciso de la premisa expuesta por MORENA; toda vez, que le corresponde al recurrente la carga de confrontar las consideraciones del Tribunal responsable, así como, exponer las razones por las cuales estima que, con la resolución controvertida, se vulneró su esfera jurídica.

72.            Situación que en la especie no acontece, ya que el accionante se limita a realizar afirmaciones, en las que, si bien aduce que no se atendió a cabalidad el estudio de fondo, que se omitió el estudio de las causales de improcedencia, y que se tergiverso la Litis planteada en la instancia local, lo cierto es que no señala de manera específica cuáles fueron los puntos controvertidos que no atendió.[13] 

73.            Máxime, que debe considerarse que el medio de impugnación que se resuelve es de naturaleza extraordinaria, por lo que exige la expresión clara de la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o sentencia impugnada, así como los motivos que originaron ese disenso.

74.            Lo anterior, para el efecto de que, con la argumentación expuesta por el promovente enderezada a demostrar la ilegalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de ocuparse de su estudio y resolución, conforme a los preceptos jurídicos aplicables.

II. Omisión de suplir la deficiencia de agravios.

75.            En este agravio señala el actor que el Tribunal responsable no suplió la deficiencia de su queja al resolver su medio de impugnación, como se da en otros medios defensa previstos en la Ley electoral, –como en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano–.

76.            Sobre el particular, esta Sala Regional estima infundados estos planteamientos ya que por una parte señalan la suplencia de la queja, y por otra que la autoridad responsable debió actuar de manera oficiosa respecto de las cáusales de improcedencia.

77.            Ello es así, debido a que el Tribunal responsable sí se pronunció respecto a la citada suplencia como se advierte en el apartado sexto denominado estudio de fondo de la sentencia, al establecer lo siguiente:

[…]

El pleno de este Tribunal electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos de inconformidad expresados por la parte actora en el escrito de Juicio de Nulidad, siempre y cuando manifieste agravios tendientes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o médiate cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano Jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho: <el juez conoce el derecho” y “dame los hechos y yo te daré el derecho> supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes.

[…]

78.            En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral ha sostenido en forma reiterada, que la institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de aspectos que el actor omitió señalar en su respectivo escrito de demanda, debido a que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel del promovente.

79.            Esto encuentra sustento en la tesis XXXI/2001 de rubro: "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL".[14]

80.            Esta exigencia se soporta en la necesidad de que la parte actora exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las circunstancias que constituyan la causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su petición.

81.            Por tanto, se concluye que la suplencia no autoriza el examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o anomalías no se pudieran deducir en su escrito de demanda de juicio de nulidad electoral, a pesar de que le correspondía cumplir con esa carga procesal.

82.            De ese modo, el cumplimiento de esta carga procesal permite que el órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de verificar, si las afirmaciones se encuentran demostradas a través de los medios de prueba aportados al proceso.

83.            De lo contrario, es decir, si no existen afirmaciones del actor que sirvan de base a la pretensión aducida, existe falta de la propia materia de juzgamiento, por tanto, resultan infundados los citados motivos de agravio.

84.            Como consecuencia de todo lo anterior, al haber resultado infundados e inoperantes los motivos de disenso hechos valer por el recurrente, esta Sala Regional considera que lo procedente es confirmar la sentencia dictada el pasado diecisiete de agosto, por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEECH/JNE-M/022/2018, de conformidad con el artículo 93, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

85.            Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con este juicio, la agregue al expediente para su legal y debida constancia.

86.            Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dentro del juicio de nulidad electoral TEECH/JNE-M/022/2018 dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por las razones expuestas en la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE de manera electrónica al actor y al tercero interesado en las cuentas proporcionadas para tal efecto en el escrito de demanda y comparecencia, respectivamente; de manera electrónica u oficio, anexando copia certificada de esta sentencia al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; y, por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los numerales 26, apartado 3, 28, 29, apartados 1, 3 y 5, 93, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los numerales 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con este juicio la agregue al expediente para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido, y devuélvase las constancias originales.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.